Razones sociales y culturales

El proceso iniciado en 2003 también significó una sensible redirección del discurso y la acción estatales hacia las minorías y los desposeídos, y al juicio, castigo y reparación de las violaciones a los derechos humanos. Es innegable que esa redirección no salió, como una dádiva graciosa, desde la máxima autoridad del Estado, ni se originó de la nada. Durante las últimas décadas, la mejor tradición de la activa sociedad civil argentina alumbró organizaciones de minorías históricamente discriminadas que militaron con empeño por sus derechos, así como de asociaciones profesionales que fueron madurando, contra el silenciamiento dominante, el reclamo de nuevos marcos legales que reemplazaran los impuestos por la dictadura en varios campos (justo es reconocer que diversos sectores de la política, expresados en el Congreso, se comprometieron con esas causas).

También, desde que los efectos devastadores del neoliberalismo comenzaron a manifestarse, una persistente presencia de los movimientos sociales en las calles hizo visibles las necesidades perentorias de grandes porciones de la sociedad y enfrentó a ésta, cada vez más dramáticamente, al reclamo de su satisfacción. Asimismo, y de modo más claro aún, la lucha inclaudicable e irrenunciable de las asociaciones de víctimas del terrorismo de Estado durante penosas décadas  impidió la muerte y el silenciamiento definitivos de sus demandas. Sin embargo, es innegable, también, que las nuevas leyes de matrimonio civil y servicios de comunicación audiovisual, la Asignación Universal por Hijo o el proceso de juicio y castigo a los crímenes de la última dictadura obedecieron a una acción política unificada, coherente y dirigida por el proyecto político que conduce el país con una voluntad nunca antes manifestada con tanta claridad y convicción.

Este gobierno inició una política de restitución de derechos sociales que, desde la restauración democrática, parecían reducidos a la declamación de una letra constitucional muerta de impotencia, y profundizó una política de ampliación de derechos civiles iniciada con la ley de divorcio, aún a sabiendas de que ello le valdría la reacción siempre temible de los sectores e instituciones más conservadores de la sociedad. Este gobierno rectificó valientemente al anterior, al emprender la decisiva democratización del reparto de las voces en la comunicación, aún a sabiendas de que ello le valdría la reacción, más temible aún, de los monopolios multimediáticos. Finalmente, este gobierno continuó la política de derechos humanos del anterior, que incluye también elevar la memoria al primer plano del discurso estatal, para marcarla a fuego en la conciencia social.

Negarlo o desmerecerlo parece obedecer, o bien, al puro resentimiento de los que probaron ser incapaces de implementar esas medidas, o bien, al explícito o implícito desacuerdo con ellas de los que quieren una Argentina para pocos, dominada por las corporaciones o confundida y atontada por el artero discurso del orden y la “seguridad”, que son la antesala de la “pacificación” y la “reconciliación”. Ante esa opción y en esa encrucijada, sostenemos que no da lo mismo.

Y nos quedan aún más razones.



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